En punto muerto conflicto de mapuches chilenos en huelga hambre
Por FEDERICO QUILODRAN
The Associated Press
SANTIAGO DE CHILE -- En un punto muerto por el fracaso de las negociaciones se encuentra la búsqueda de solución al conflicto que mantiene en huelga de hambre por 79 días a 32 mapuches, y el gobierno y los indígenas se acusan mutuamente de responsabilidad en caso de que algún ayunante muera.
Las negociaciones fracasaron luego que el lunes los representantes de los mapuches en la mesa de diálogo que había instalado el arzobispo de Concepción, en el sur del país, exigieran la participación además del gobierno, de los otros dos poderes del Estado.
El arzobispo Ricardo Ezzati, quien había oficiado de mediador por dos semanas, puso fin a su misión. Dijo que la solución estuvo muy cerca y que los puntos que quedaran fuera del acuerdo debían discutirse posteriormente.
Pero la exigencia de los representantes mapuches de que en el acuerdo participen también representantes de los poderes legislativo y judicial hizo fracasar las negociaciones. El gobierno acusó intransigencia.
"Creo que la base que se había obtenido de acuerdo entre el gobierno y los abogados de los comuneros era una base objetiva para poder resolver el problema", declaró Ezzati desde Concepción a radio ADN.
Señaló que, pese a terminar su tarea mediadora, sigue disponible para facilitar las conversaciones.
Más de una decena de los 32 mapuches en ayuno desde el 12 de julio, a los que en las últimas semanas se sumaron otros seis, han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios desde las cárceles en que se encuentran detenidos acusados de acciones violentas. Los últimos tres ayunantes, que se sumaron a la protesta este martes, son tres jóvenes presos en la cárcel de Temuco acusados de ataques incendiarios.
El gobierno ha advertido que evitará la muerte de ayunantes, y forzará su alimentación en caso de que su situación se agrave. La Corte Suprema autorizó la semana anterior esa medida, pero diversos organismos han advertido que una medida así violentaría los derechos humanos de los ayunantes.
La vocera presidencial Ena von Baer rehusó este martes precisar en qué momento se apelará a la autorización judicial para alimentar a los ayunantes por la fuerza, pero dijo que se vigila su estado.
"La responsabilidad, si es que se produce una desgracia de esta naturaleza, es de los propios huelguistas que se han puesto en una posición absolutamente intransigente", dijo Von Baer sobre el riesgo de alguna muerte.
Agregó que "si ellos siguen hoy en su huelga de hambre es porque están pidiendo algo que sería ponerlos por sobre el imperio de la ley. Nadie en Chile se puede poner por sobre la ley y todo tiene un límite".
Desde la zona del conflicto mapuche, Rodrigo Curipán refutó a Von Baer en declaraciones a radio Cooperativa y dijo que siempre han estado dispuestos al diálogo.
"Aquí la responsabilidad (en caso de muertes) en su conjunto no sólo va a ser del Estado, sino que de quien está dirigiendo este Estado en este momento", dijo Curipán.
Pero el presidente de la Corte Suprema, Milton Juicia, dijo este martes que pese al deseo de que concluya la huelga de hambre, el poder judicial no puede intervenir.
"No veo cómo los jueces pudieran participar en una negociación, porque precisamente eso está prohibido por la Constitución. Los jueces no pueden negociar los resultados de un procedimiento", dijo.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, también descartó sentarse a negociar y apuntó a que los fiscales sólo pueden esperar una modificación de las leyes.
Los mapuches exigen derogar la aplicación en sus procesos de una ley antiterrorista y de la justicia militar, y eliminar los testigos sin rostro.
Las negociaciones fracasaron luego que el lunes los representantes de los mapuches en la mesa de diálogo que había instalado el arzobispo de Concepción, en el sur del país, exigieran la participación además del gobierno, de los otros dos poderes del Estado.
El arzobispo Ricardo Ezzati, quien había oficiado de mediador por dos semanas, puso fin a su misión. Dijo que la solución estuvo muy cerca y que los puntos que quedaran fuera del acuerdo debían discutirse posteriormente.
Pero la exigencia de los representantes mapuches de que en el acuerdo participen también representantes de los poderes legislativo y judicial hizo fracasar las negociaciones. El gobierno acusó intransigencia.
"Creo que la base que se había obtenido de acuerdo entre el gobierno y los abogados de los comuneros era una base objetiva para poder resolver el problema", declaró Ezzati desde Concepción a radio ADN.
Señaló que, pese a terminar su tarea mediadora, sigue disponible para facilitar las conversaciones.
Más de una decena de los 32 mapuches en ayuno desde el 12 de julio, a los que en las últimas semanas se sumaron otros seis, han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios desde las cárceles en que se encuentran detenidos acusados de acciones violentas. Los últimos tres ayunantes, que se sumaron a la protesta este martes, son tres jóvenes presos en la cárcel de Temuco acusados de ataques incendiarios.
El gobierno ha advertido que evitará la muerte de ayunantes, y forzará su alimentación en caso de que su situación se agrave. La Corte Suprema autorizó la semana anterior esa medida, pero diversos organismos han advertido que una medida así violentaría los derechos humanos de los ayunantes.
La vocera presidencial Ena von Baer rehusó este martes precisar en qué momento se apelará a la autorización judicial para alimentar a los ayunantes por la fuerza, pero dijo que se vigila su estado.
"La responsabilidad, si es que se produce una desgracia de esta naturaleza, es de los propios huelguistas que se han puesto en una posición absolutamente intransigente", dijo Von Baer sobre el riesgo de alguna muerte.
Agregó que "si ellos siguen hoy en su huelga de hambre es porque están pidiendo algo que sería ponerlos por sobre el imperio de la ley. Nadie en Chile se puede poner por sobre la ley y todo tiene un límite".
Desde la zona del conflicto mapuche, Rodrigo Curipán refutó a Von Baer en declaraciones a radio Cooperativa y dijo que siempre han estado dispuestos al diálogo.
"Aquí la responsabilidad (en caso de muertes) en su conjunto no sólo va a ser del Estado, sino que de quien está dirigiendo este Estado en este momento", dijo Curipán.
Pero el presidente de la Corte Suprema, Milton Juicia, dijo este martes que pese al deseo de que concluya la huelga de hambre, el poder judicial no puede intervenir.
"No veo cómo los jueces pudieran participar en una negociación, porque precisamente eso está prohibido por la Constitución. Los jueces no pueden negociar los resultados de un procedimiento", dijo.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, también descartó sentarse a negociar y apuntó a que los fiscales sólo pueden esperar una modificación de las leyes.
Los mapuches exigen derogar la aplicación en sus procesos de una ley antiterrorista y de la justicia militar, y eliminar los testigos sin rostro.
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